Muy buenos días. Agradezco al Dr. Alejandro Alfonso Poiré Romero, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos; y al Lic. Paulo Tort Ortega, Director General de Asociaciones Religiosas por la invitación cursada a la Conferencia del Episcopado Mexicano con motivo de la entrega de los nuevos registros a diferentes asociaciones religiosas.
Apreciados miembros del presídium y participantes en este evento.
Felicito a las Asociaciones Religiosas que hoy reciben su constancia de registro en la Dirección General de Asuntos Religiosos.
Así mismo quiero comenzar esta breve reflexión con una pregunta: ¿Cómo pueden las asociaciones religiosas y los gobiernos transitar juntos en proyectos comunes que beneficien a la sociedad a la cual desean servir?
Es propio de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del César y lo que es de Dios (cf. Mt 22, 21), esto es, entre Estado e Iglesia o, como dice el Concilio Vaticano II, el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales. El Estado no puede imponer la religión, pero tiene que garantizar su libertad y la paz entre los seguidores de las diversas religiones; la Iglesia como expresión social de la fe cristiana, por su parte, tiene su independencia y vive su forma comunitaria basada en la fe, que el Estado debe respetar. Son dos esferas distintas, pero siempre en relación recíproca[1].
La justicia es el objeto y, por tanto, también la medida intrínseca de toda la política
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